Avanza juicio político contra el gobernador Samuel García por corrupción, desvío millonario de recursos públicos y conflicto de interés familiar.
La Comisión Anticorrupción aprobó iniciar el procedimiento tras denuncias que señalan triangulación financiera superior a mil millones de pesos hacia empresas vinculadas con su padre y su hermano.
El proceso legislativo establece que García tendrá quince días hábiles para presentar su defensa mediante escrito, comparecencia personal o representación legal ante el Congreso estatal.
Las acusaciones surgieron después de investigaciones federales que detectaron presuntas transferencias desde dependencias públicas hacia el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, ligado directamente a su familia.
Reportes periodísticos indican que el esquema incluía canalización de fondos a firmas jurídicas relacionadas y redistribución posterior a empresas privadas con posible envío internacional.
Morena promovió la denuncia formal el ocho de junio, respaldada por legisladores del PRI y PAN, quienes exigieron esclarecer el presunto desvío millonario.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas indagatorias sobre operaciones financieras que habrían beneficiado a familiares del mandatario mediante triangulación de recursos estatales.
Entre los nombres señalados destacan Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano del gobernador, vinculados al despacho investigado.
Las posibles sanciones incluyen inhabilitación, destitución y responsabilidades administrativas si el Congreso determina que existieron actos graves en el ejercicio del poder.
El juicio político no implica destitución automática, pero abre la puerta a diligencias formales que podrían escalar hacia un periodo extraordinario para votar sanciones.
Aunque García rechaza categóricamente las acusaciones, legisladores afirman que la veracidad de las denuncias se sustenta en documentos oficiales y reportes financieros federales.
El caso continuará en análisis durante junio, cuando la Comisión Anticorrupción decidirá si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones profundas.