Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sancionada por aviadora en el Congreso de Michoacán dónde nunca se presentó a trabajar.
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, enfrenta creciente presión política tras revelarse presuntas irregularidades en su paso por la nómina del Congreso de Michoacán.
El presidente del Congreso, Baltazar Gaona, afirmó públicamente que Quiroz fungió como “aviadora”, cobrando sin presentarse a trabajar como asesora del diputado Carlos Bautista Tafolla.
Documentos legislativos muestran que Quiroz recibió más de 201 mil pesos netos entre septiembre de 2024 y junio de 2025 como “Asesora A”.
Gaona solicitó a la Contraloría del Congreso investigar si la alcaldesa realmente realizó funciones, además de exigir el reintegro total de los recursos cobrados.
La polémica aumentó cuando Quiroz admitió haber trabajado para Tafolla, pese a negarlo previamente, generando dudas sobre transparencia y coherencia en su trayectoria pública.
El legislador exhibió recibos de pago que, según él, acreditan que Quiroz cobró sin desempeñar actividades dentro del recinto legislativo estatal.
La controversia también incluye cuestionamientos sobre su formación académica, pues existen versiones contradictorias entre documentos oficiales y declaraciones públicas.
Reportes señalan que no aparece una cédula profesional a su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas, aumentando la incertidumbre sobre su preparación.
El caso ocurre mientras Quiroz enfrenta obstáculos legales y políticos que complican cualquier aspiración para contender por la gubernatura con Movimiento Ciudadano.
La tensión política creció tras restricciones de acceso al Congreso para grupos vinculados al fallecido líder Carlos Manzo, figura clave en su ascenso.
Además, documentos muestran que Quiroz fungía simultáneamente como presidenta honoraria del DIF Uruapan mientras cobraba como asesora legislativa.
La Contraloría revisará contratos, asistencias y funciones para determinar si existieron irregularidades y posibles responsabilidades administrativas.
El caso mantiene a Uruapan bajo escrutinio estatal, mientras actores políticos exigen claridad sobre el uso de recursos públicos y la conducta de la alcaldesa.