Exigen la pena de muerte para la gobernadora traidora Maru Campos quien permitió que estadounidenses profanaran suelo nacional.
El caso de agentes estadounidenses operando en Chihuahua desató acusaciones de traición a la patria contra la gobernadora Maru Campos.
La indignación popular ha crecido tanto al punto de solicitar reactivar la pena de muerte contra traidores a la patria como el caso de Maru Campos.
La bancada petista afirmó que la presencia de elementos de la CIA, FBI, DEA y CBP ocurrió sin autorización federal, vulnerando la Constitución y comprometiendo la soberanía nacional mexicana.
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, señaló contradicciones del gobierno estatal, que primero reconoció colaboración extranjera y después intentó minimizar el alcance.
El origen del conflicto fue la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente carretero, revelando su participación en actividades de inteligencia.
Según el PT, estas incursiones ocurrieron sin conocimiento del Gobierno Federal, lo que representaría una violación grave al pacto federal.
Morena respaldó la preocupación sobre la soberanía, advirtiendo que los estados no pueden celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros sin intervención federal.
Legisladores morenistas recordaron antecedentes como el memorándum firmado entre Chihuahua y Texas en 2022, considerado una posible vulneración constitucional.
El Senado citó a Campos y al fiscal estatal para explicar la presencia de agentes de la CIA, calificando el hecho como inconstitucional.
Senadores señalaron que disfrazar agentes extranjeros como estatales constituye una práctica inaceptable que compromete la seguridad nacional y la integridad institucional del país.
Críticos como Javier Corral y Kurt Hackbarth exigieron transparencia total, afirmando que el accidente reveló acuerdos opacos entre Washington y Chihuahua.
La Fiscalía de Chihuahua ofreció versiones contradictorias sobre la participación de los agentes, primero confirmando su intervención y después negando su presencia en el operativo.
Aunque existen acusaciones políticas, no hay procesos penales formales por traición a la patria, y la legislación mexicana no contempla pena de muerte.