En junio de 2018, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, al CJNG y a otros grupos del narco. Cuentas de personas y empresas sobre las que existía la presunción de lavado de dinero.
(Extracto del reportaje de Ignacio Rodríguez Reina)
Menos de un mes antes de que la catástrofe electoral sacara nuevamente al PRI del poder, al menos 722 cuentas bancarias fueron descongeladas por instrucciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
El 4 de junio de 2018, una orden electrónica desbloqueó casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco.
El beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.
Cientos de empresas y personas físicas sobre las que existía la presunción fundada de participar en operaciones de lavado de dinero recuperaron el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos.
Entre ellos, por ejemplo, el primer círculo familiar y de operadores de Joaquín El Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero y de Juan José El Azul Esparragoza Moreno.
Esta es la historia.
A las 17:47 del 4 de junio de 2018, un hombre ingresó a Hermes, el sistema instalado en algunas de las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apretó unas teclas y envió el requerimiento 110/E/564/2018.
El propósito del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) era cumplir con la instrucción dada ese mismo día por Orlando Suárez López, el entonces titular de la UIF: eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a cientos de personas y compañías cuyas cuentas bancarias se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares y sólidos indicios de que manejaban y blanqueaban recursos provenientes de actividades ilícitas.
El requerimiento constaba de apenas cuatro cuartillas, al cual seguía un anexo de 89 páginas, mediante el cual se cumplía el acuerdo que ordenaba ejecutar una de las decisiones más controvertidas del sexenio de Enrique Peña Nieto por lo que implica y porque fue hecha en las sombras: el desbloqueo masivo y la consecuente liberación de miles de millones de pesos depositados en 722 cuentas a nombre de personas físicas y sociedades mercantiles de todo tipo.
Es complicado identificar cada uno de los casos, brincar de registro en registro, ubicar un nombre, el papel que desempeñaron en operaciones de lavado de dinero, confirmar, revisar archivos de autoridades de Estados Unidos, etcétera.
Hay de todo en el listado: cientos de empresas que han sido identificadas por haber participado en el esquema de desvío de recursos públicos conocido como la “Estafa Maestra”, compañías que han lavado dinero para el Cártel de Juárez e incluso han participado en la venta de jugadores profesionales del futbol mexicano a Europa; o firmas utilizadas por gobernadores del PRI para canalizar recursos federales a las campañas electorales de su partido.
Capítulo aparte merece el desbloqueo de cientos de empresas factureras. La hoy ministra Margarita Ríos Farjat informó en junio de 2019 que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) había detectado que unas 8 mil empresas emitían facturas de manera irregular y habían evadido el pago de más de 350 mil millones de pesos en impuestos. Pues de esas compañías, de esas factureras, hay cientos de ejemplos en las empresas desbloqueadas.
Sin embargo, lo más llamativo del requerimiento es que, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, abrió las cuentas y las bóvedas bancarias del país para que familiares cercanos, prestanombres y operadores financieros de los más poderosos líderes de cárteles del narcotráfico, junto con las empresas ligadas a ellos, recuperaran el dinero congelado al que no tenían acceso.
No había manera de que Orlando Suárez López, entonces titular de la UIF, no se percatara de lo que estaba solicitando. Los apellidos de los más destacados jefes de las organizaciones criminales mexicanas, cuya violenta disputa por el mercado de las drogas ha causado más de 200 mil muertos y 60 mil desapariciones en una década y media, aparecían en el listado, al que Aristegui Noticias tuvo acceso y pudo revisar detalladamente.
Así que, sin mayor preámbulo, benefició de entrada las finanzas de un puñado de los más notorios jefes del Cártel de Sinaloa y del narcotráfico en México: Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero.
En unos cuantos segundos, los que tomó transmitir la orden vía electrónica, se descongelaron casi mil 100 millones de pesos y los 18 millones de dólares que se mantenían en diversas instituciones financieras del país.
Fuente: AristeguiNoticias