Nayib Bukele pactó con CJNG trabajos de sicariato y venta de granadas, de acuerdo a investigaciones publicadas en diarios de todo el mundo.
Bukele enfrenta crecientes señalamientos internacionales por presuntos pactos con pandillas salvadoreñas y posibles contactos con cárteles mexicanos, según investigaciones periodísticas y documentos judiciales recientes.
El medio salvadoreño El Faro documenta negociaciones secretas entre emisarios del gobierno de Bukele y líderes de MS-13 y Barrio 18, iniciadas tras su llegada.
Según estas investigaciones, el gobierno ofreció beneficios carcelarios y reducción de penas a cambio de disminuir homicidios y apoyar electoralmente al entonces candidato presidencial salvadoreño.
Una acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York respalda existencia de reuniones secretas entre funcionarios salvadoreños y la cúpula de la MS-13.
Fiscales estadounidenses señalan a Carlos Marroquín y Osiris Luna como operadores clave; el Departamento del Tesoro los sancionó por negociar con pandillas durante gobierno Bukele.
El Faro también reveló comunicaciones filtradas que apuntan a una colaboración con un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación para recapturar al líder pandillero “Crook”.
Ese jefe de la MS-13 habría sido liberado en secreto en 2021 y posteriormente buscado mediante contactos indirectos con estructuras criminales mexicanas y centroamericanas diversas.
Otra investigación periodística describe cómo el líder de Barrio 18, Carlos Cartagena, “Charli”, recibió favores estatales mientras su organización ayudaba a consolidar proyecto político bukelista.
Pese al régimen de excepción y masivas capturas, estos testimonios sugieren que la estrategia de seguridad combinó acuerdos clandestinos con exhibiciones públicas de mano dura.
Organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes en custodia, mientras el gobierno utiliza las cifras de homicidios para legitimar su política interna.
Bukele rechaza las acusaciones, califica la investigación como campaña y acusa a medios como El Faro de responder a intereses políticos y criminales en contra.
Las revelaciones mantienen bajo escrutinio global la llamada “guerra contra las pandillas” y abren preguntas sobre vínculos entre el poder salvadoreño y redes criminales transnacionales.