Líderes campesinos venden agua en 300 millones de pesos, acusa Sheinbaum en relación a los bloqueos por nueva ley de aguas.
La presidenta Claudia Sheinbaum denunció el enriquecimiento indebido por la venta de agua durante las protestas contra la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.
Sheinbaum afirmó que el acaparamiento del recurso beneficia a unos cuantos y destacó que el objetivo del cambio es impedir que continúe el uso privado del líquido vital.
La mandataria señaló que algunos concesionarios no utilizan el agua para producir alimentos y prefieren venderla a municipios, obteniendo ganancias millonarias sin regulación efectiva.
Durante la Mañanera del 26 de noviembre, Sheinbaum criticó que estos grupos circulen en vehículos de lujo mientras obtienen hasta 300 millones de pesos por año.
Explicó que los productores con concesiones agrícolas no pagan por el uso del agua, pero aun así la comercializan directamente con autoridades municipales sin restricciones claras.
La presidenta aseguró que su gobierno trabaja para poner orden, pues existen casos donde una sola persona acumula múltiples concesiones que no utiliza o sobreexplota irresponsablemente.
Sheinbaum sostuvo que la transformación implica eliminar privilegios históricos y garantizar que el agua llegue a regiones donde actualmente escasea, priorizando el bienestar colectivo sobre intereses privados.
Algunos campesinos responden a partidos políticos
En otro tema, la mandataria retomó las negociaciones con agricultores que exigen un precio de garantía más alto para el maíz, demanda recurrente en diversas regiones productoras.
Afirmó que su administración atiende todas las solicitudes legítimas, siempre que se mantengan dentro del marco presupuestal disponible y no comprometan recursos imposibles de entregar.
Sheinbaum enfatizó que el gobierno debe actuar con responsabilidad, evitando promesas inviables y asegurando que cada compromiso asumido pueda cumplirse plenamente en tiempo y forma.
La presidenta reiteró que el diálogo con productores continuará abierto, buscando acuerdos que fortalezcan la producción agrícola sin afectar la estabilidad financiera del país.
Concluyó que la regulación del agua y la atención al campo forman parte de una misma estrategia para garantizar justicia social y desarrollo sostenible en México.