Investigan sobreprecios de medicamentos vinculados a Latinus, propiedad de la familia priísta Madrazo y la mafia de las distribuidoras.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga esquemas de corrupción en la distribución de medicamentos para el sector salud pública.
El gobierno federal analiza contratos inflados que afectaron gravemente el presupuesto estatal durante la administración del exgobernador Alfredo Del Mazo.
Dos empresas del grupo empresarial BCG Limited Consulting y Digital Beacon vendieron fármacos con sobreprecios de hasta sesenta por ciento.
Las autoridades detectaron desvíos millonarios que perjudican las finanzas de entidades como el Estado de México, Michoacán e Hidalgo.
La firma Latinus Media Group, cuyo socio mayoritario es Cristian González Guadarrama, encabeza la lista de involucrados principales.
Informes oficiales revelan pagos por más de 2,437 millones de pesos otorgados entre los años 2019 y 2024.
El medio digital cuestionaba frecuentemente el desabasto hospitalario mientras vendía medicinas con costos desorbitados a los gobiernos estatales.
Funcionarios federales consideran incoherente denunciar anomalías médicas mientras obtienen ganancias ilícitas del dinero del pueblo mexicano.
Diversos reportes demuestran cómo empresarios usaron contratos gubernamentales opacos para subsidiar plataformas periodísticas con sesgo político.
Analistas exigen esclarecer la responsabilidad de exfuncionarios mexiquenses por avalar transacciones dañinas para el herario público local.
Investigadores de la UIF documentan transferencias bancarias sospechosas vinculadas directamente a la red de proveedores sanitarios indagada.
La Secretaría de la Función Pública revisa licitaciones pasadas para cancelar negocios fraudulentos con corporaciones ligadas a medios.
La población civil critica severamente las maniobras financieras que despojaron de recursos esenciales al sistema sanitario nacional.
El poder ejecutivo mantendrá las indagatorias abiertas para sancionar con rigor a los responsables del millonario desfalco.
Las investigaciones continuarán su curso legal para transparentar las contrataciones irregulares del sector salud en México.