Nuevo México demanda a la DEA por tráfico de fentanilo en sus calles debido a la permisividad de la agencia federal.
El gobierno de Nuevo México anunció que evalúa una demanda civil millonaria contra la DEA por permitir el ingreso de fentanilo entre 2023 y 2025.
La gobernadora Michelle Lujan Grisham afirmó que agentes federales monitorearon envíos de fentanilo sin decomisarlos, buscando construir casos penales mayores contra redes criminales.
La estrategia habría agravado la crisis de sobredosis en Nuevo México, donde las muertes por fentanilo aumentaron mientras otros estados reportaban disminuciones significativas.
Lujan Grisham calificó la actuación federal como “repugnante y despreciable”, acusando a la DEA de poner en riesgo directo a comunidades vulnerables del estado.
La gobernadora llevará su reclamo a la Casa Blanca y al Congreso para exigir garantías de que la estrategia no continúe ni se replique en otros estados.
Las revelaciones surgieron tras un reportaje de Associated Press que documentó cómo agentes observaron repetidamente cargamentos sin incautarlos durante investigaciones.
El denunciante David Howell, exagente de la DEA, aseguró que la práctica equivalía a apostar con la seguridad pública y violar normas del Departamento de Justicia.
Inicialmente, la DEA negó las acusaciones, pero posteriormente solicitó una investigación independiente del organismo de supervisión del Departamento de Justicia.
El fentanilo no fue incautado pese a ser la droga más mortífera en Estados Unidos, mientras la DEA promovía su campaña nacional “One Pill Can Kill”.
Autoridades locales y estatales exigieron respuestas inmediatas, señalando que la estrategia federal permitió que la droga llegara directamente a las calles.
La posible demanda busca responsabilizar a la DEA por daños civiles millonarios derivados del incremento de sobredosis y el riesgo generado a la población.
Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni la DEA han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones y el posible litigio anunciado por Nuevo México.