Visa estadounidense encarece y nada garantiza que ingreses a USA derivado de su política racista contra inmigrantes latinoamericanos.
La Embajada de Estados Unidos en México anunció un nuevo cargo migratorio para quienes soliciten la visa de turista B1/B2, elevando el costo total a 435 dólares.
Este aumento responde a la ley migratoria “One Big Beautiful Bill Act”, impulsada por Donald Trump, que establece una tarifa adicional de 250 dólares para extranjeros.

La tarifa original de 185 dólares se mantiene, pero ahora se suma el nuevo impuesto, aplicable a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y visitantes de intercambio.
El pago puede realizarse en efectivo en Scotiabank o BanBajío, o mediante transferencia electrónica SPEI, tras agendar cita en el sistema oficial.
Desde el 11 de julio de 2025, Banamex dejó de aceptar pagos para este trámite, según confirmó la embajada estadounidense en redes sociales.
Además, se agregó un nuevo cargo por entrega del documento: 400 pesos si se envía a domicilio o 320 pesos si se recoge en DHL.
Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de 15 dólares si uno de sus padres es mexicano y tiene visa vigente.
Aunque la visa tiene una vigencia de hasta 10 años, obtenerla no garantiza la entrada a Estados Unidos, advierten autoridades migratorias.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede revocar la visa en el punto de entrada si detecta inconsistencias o riesgos.
Casos recientes muestran que incluso figuras públicas, como la gobernadora Marina del Pilar, han visto revocadas sus visas sin explicación oficial.
Entre las causas de revocación están el uso indebido del documento, mentir en la solicitud, o trabajar sin autorización en EE.UU..
También se cancela si el titular excede el tiempo de estadía permitido, incurre en delitos o presenta información falsa.
La visa puede ser revocada por razones administrativas, como la emisión de una nueva o cambios en el estatus migratorio del solicitante.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene autoridad para excluir a personas por motivos de seguridad nacional o vínculos sospechosos.
Expertos recomiendan consultar con abogados migratorios si se enfrenta una revocación, ya que puede implicar años de penalidad o prohibición.