Prisión para Karime Macías con más exfuncionarios detenidos que la señalan directamente como autora intelectual.
La Fiscalía de Veracruz investiga a Karime Macías Tubilla por un presunto fraude de 416 millones de pesos durante su gestión en el DIF estatal.
Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte, autorizó contratos a 33 empresas fantasma para adquirir insumos que nunca se entregaron.
Entre los productos simulados figuran mochilas, despensas, sistemas de purificación y multivitamínicos, según el fiscal Jorge Winckler.
En mayo de 2018, se giró una orden de aprehensión contra Macías por fraude, aunque ella ya residía en el Reino Unido.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el juez británico Paul Goldspring autorizara su extradición en 2022.
Sin embargo, Macías promovió un procedimiento legal independiente en Reino Unido que ha retrasado indefinidamente su entrega.
Además del fraude, enfrenta una acusación por defraudación fiscal de 2.4 millones de pesos, según la Procuraduría Fiscal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también la investiga por lavado de dinero por un monto de 224 millones de pesos.
Funcionarios como Marcela Aguilera Landeta, exdiputada priista, y Verónica Hernández Giadáns, fiscal estatal, han intervenido en el caso.
Una testigo clave, Laura Elena Vega, confesó haber falsificado firmas por órdenes de Víctor Manuel Carrizo Yobal, hoy preso.
El proceso penal contra Macías podría derivar en una condena de hasta 12 años de prisión, según estimaciones legales.
Mientras tanto, Macías vive en Oxford, Reino Unido, donde enfrenta el proceso de extradición y ha solicitado asilo político.
La Fiscalía busca presentar el monto total del fraude ante un juez una vez que se concrete su extradición.
El caso es considerado emblemático del modus operandi del gobierno de Duarte, extendido a múltiples dependencias.
Aunque algunos implicados se liberaron, otros exfuncionarios del DIF permanecen encarcelados por el desfalco.
La defensa de Macías sostiene que vive sin lujos, pero las autoridades mexicanas insisten en su responsabilidad penal.
Este escándalo continúa siendo uno de los más graves en la historia reciente de Veracruz y del sistema DIF estatal.