Exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel vinculado al huachicol fiscal: FGR investiga red de contrabando originado en la era PRIANISTA.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Ruffo Appel figura como socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., empresa vinculada al decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila.
Ingemar obtuvo en 2023 un permiso federal para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, pese a no tener infraestructura propia.
La empresa, originalmente inmobiliaria, modificó su objeto social en 2019 para operar en el sector energético y almacenar hidrocarburos.
Autoridades detectaron bitácoras alteradas y documentos falsos usados para introducir combustible evadiendo impuestos, causando pérdidas millonarias al erario público.
Ruffo Appel negó irregularidades y afirmó que Ingemar solo almacena combustible, mientras la comercialización corresponde a Crismón Hidrocarburos y Derivados.
El operativo federal incluye más de 200 órdenes de aprehensión contra empresarios, agentes aduanales, militares y funcionarios públicos implicados.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que Ruffo está bajo investigación, aunque no se ha girado orden de captura.
La fiscal estatal María Elena Andrade declaró que no ha recibido solicitud federal para ejecutar alguna orden contra Ruffo Appel.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también indicó que no existe orden de aprehensión vigente contra el exmandatario.
Ruffo Appel, primer gobernador panista en México (1989–1995), aseguró estar dispuesto a colaborar y que su conciencia está tranquila.
El caso ha reactivado señalamientos previos sobre presuntos vínculos del exgobernador con redes criminales, aunque él los ha negado rotundamente.

El huachicol fiscal consiste en importar combustible ilegalmente mediante fraudes aduanales, disfrazando hidrocarburos como insumos industriales.
Este delito se ha convertido en una prioridad para el gobierno federal por su impacto económico y alcance nacional.