La SEP bajo escrutinio por Convenio con Industria de Comida Chatarra que mantenía el control de la alimentación al interior de las escuelas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la dirección de Mario Delgado, se encuentra en el ojo del huracán tras formalizar un convenio de colaboración con empresas de la industria de comida chatarra.
Este acuerdo, con el objetivo declarado de fomentar hábitos saludables en las escuelas, ha desatado una ola de críticas y acusaciones de conflicto de interés.
La controversia radica en que estas mismas compañías fueron previamente excluidas de los planteles escolares debido a su contribución a la creciente problemática de la obesidad infantil en México.
Ahora, la súbita alianza genera suspicacias sobre un posible contubernio que va en contra de los avances logrados.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, ha sido tajante al respecto. “Es inaceptable que la SEP ahora se alíe con quienes han lucrado con la salud de nuestros niños”, declaró.
“Este convenio huele a un retroceso y a una claudicación ante los intereses de la industria”.
Calvillo añadió: “Permitir que estas empresas, conocidas por sus productos dañinos y estrategias de marketing agresivas dirigidas a menores, tengan ahora acceso a las escuelas es un grave error”.
Su organización ha calificado el acuerdo como una “traición a la salud pública”.
La SEP ha defendido el convenio argumentando que busca una colaboración para la reformulación de productos y la promoción de opciones nutritivas.
Sin embargo, esta justificación no convence a los expertos. “La industria tiene un largo historial de promesas incumplidas y de priorizar sus ganancias sobre la salud”, señaló Calvillo.
Sectores de la sociedad civil y analistas políticos cuestionan si su gestión está en línea con los principios de la Cuarta Transformación.
La cual fue impulsada inicialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“La 4T se ha caracterizado por su discurso en defensa de los más vulnerables y por combatir los intereses creados”, afirmó un analista político que prefirió no ser identificado.
“Este convenio con la industria de la chatarra parece ir en contra de esa premisa” sentenció Calvillo.
“No podemos permitir que la salud de nuestros hijos se negocie en un escritorio”, expresó la representante de una asociación.
“Exigimos transparencia y la cancelación de este acuerdo perjudicial” declararon padres de familia ante los medios de comunicación.
La oposición política ha sido vocal en su condena. Han solicitado una investigación a fondo sobre los términos del convenio y los posibles beneficios ocultos para las empresas involucradas.
La industria de alimentos ultraprocesados ha evitado pronunciarse directamente sobre las críticas.
Sin embargo, fuentes internas sugieren que ven este convenio como una oportunidad para mejorar su imagen y acceder nuevamente a un mercado clave como las escuelas.
¿Cómo puede la SEP, que previamente prohibió estos productos por sus efectos nocivos, ahora colaborar con las mismas empresas? La pregunta resuena en la opinión pública.
Para Alejandro Calvillo, la respuesta es clara: “Este convenio pone en riesgo los avances logrados en la protección de la salud infantil y favorece los intereses económicos de una industria que ha contribuido a la epidemia de obesidad”.
La sociedad civil exige que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga y revise este acuerdo.
La continuidad de la Cuarta Transformación en materia de salud pública está en juego. La controversia no parece tener fin.
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